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Almirante Brown: Empresas inmobiliarias podrían iniciar acciones legales por frenar la libre competencia Almirante Brown: Empresas inmobiliarias podrían iniciar acciones legales por frenar la libre competencia
Almirante Brown aprobó en 2021 la ordenanza 12.444 contra empresas inmobiliarias y de publicidad, estas firmas podrían iniciar acciones legales para que se repare... Almirante Brown: Empresas inmobiliarias podrían iniciar acciones legales por frenar la libre competencia
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Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, pone en riesgo el patrimonio municipal por norma inconstitucional

Debido a que el año pasado Almirante Brown aprobó la ordenanza 12.444 contra empresas inmobiliarias y de publicidad, estas firmas podrían iniciar acciones legales para que se repare el daño sufrido.

La norma inconstitucional, en contradicción con la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial, buscaba frenar la competencia dentro del sector inmobiliario, pero ahora, si no dan marcha atrás, incurrirán “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”, advirtieron desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

La comuna de Almirante Brown, al igual que más de veinte municipios, sancionó en 2021 una ordenanza que prohíbe la publicidad en la vía pública de franquicias inmobiliarias. Además, ordena quitar las publicidades existentes. De esa manera, en forma arbitraria e inconstitucional, lesionan el derecho a trabajar y la actividad comercial no solo de martilleros, sino también de empresas publicitarias.

Iniciativas persecutorias de este tipo comenzaron en 2020, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA). En esa oportunidad denunciaron a RE/MAX por ejercer “una actividad ilícita”. La presentación fue hecha ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que estableció, con la resolución N° 350, disolver RE/MAX Argentina SRL. Tras la apelación de RE/MAX, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó -en mayo de este año- dejar sin efecto la resolución con imposición de costas al organismo.

A la presión del Colegio de Martilleros de la Ciudad Autónoma se sumaron el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y una veintena de colegios distritales bonaerenses. El común denominador de la estrategia fue argumentar ante los municipios con la resolución de la IGJ, con el objetivo de eliminar la competencia comercial.

Según remarca Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.

También Malbrán indica que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.

Otros municipios con ordenanzas prohibicionistas

Además de Almirante Brown, los municipios, concejales e intendentes de Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, General Pueyrredón, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas. Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron.

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